Ayer jueves le eché un vistazo al expediente 1430811/2007.
No fui el primero. Por entonces ya se había presentado un escrito de alegaciones, el escrito de personación de la APATZ como parte interesada y el apoderamiento de ésta en favor de letrado para cuantos trámites deban realizarse.
Las alegaciones presentadas no parecían propias de un mal estudiante de derecho y sí de un lego en la materia. Nada de fundamentaciones jurídicas y sí mucha pilosofía (con p) escasamente sostenible sobre el derecho de propiedad y su contenido. Suspenso seguro.
Debo comunicar que el proyecto aprobado en el Pleno poco tiene que ver con lo que, al parecer, se aprobó por la Junta de Gobierno Local. En el preceptivo informe jurídico se fundamenta la competencia del Ayuntmaiento para modificar la Ordenanza en los términos que lo hace pero admite que la Jurisprudencia, en casos similares, siempre ha sido favorable a quienes hemos defendido la vigencia para Aragón del RD 763/1979 Reglamento Nacional del Taxi. Así se reconoce en el informe pese a que los servicios jurídicos creen que hay argumentos para litigar con ciertas esperanzas.
La fundamentación más solvente corresponde a la instalación del GPS y de los turnos de trabajo y cobertura de paradas, entre otras cosas porque se apoya en el texto del RD 763/1979, el mismo texto que establece la concesión de licencias con una prelación por estricto orden de antigüedad en el desempeño de la prefesión. Un RD que siempre he defendido porque es el más positivo para el sector y sobre todo mucho más beneficioso que la modificación firmada por LuisMi y cia. Puede que incluso esté en peligro la contingentación orgullo de LuisMi. Ya tendría gracia que después de tanto como se ha dicho por algún que otro indocumentado, el muy competente abogado de la Junta de la APATZ, al que conozco personalmente, echara mano del RD 763/1979, ese que tanto ha denostado LuisMi, para argumentar la improcedencia de las perniciosas modificaciones que contiene el acuerdo firmado entre LuisMi y la Consejera de Servicios Públicos. La más peligrosa de todas es el cambio en la naturaleza jurídica de la actividad.
El expediente es público y debe estar a disposición de todo el que solicite examinarlo. Comprueben lo que digo:
En el informe jurídico constan argumentos técnicos para sostener todas las modificaciones excepto una: La del método de adjudicación de las licencias y la imposición del canon.
A algunos, de rabia, envidia y frustración, se les pueden agriar hasta las lágrimas.Puede que Paco Rubio no estuviera tan desencaminado.
Y puede, también, que en el despacho de LuisMi se oigan las carcajadas que alguien suelte en una casa de turismo rural cerca del Monte Perdido.
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