Cuando un Ayuntamiento da la espalda a un texto legal emanado de su potestad reglamentaria y permite su incumplimiento, ¿es lícito poner en duda las garantías jurídicas que puede tener un vecino de ese Ayuntamiento? Me explico.
Desde el momento en que se hizo público el Informe de UGT con el que se denuncia la carencia de licencias para prestar el servicio de autotaxi en nuestra ciudad, muchos han sido los pasos dados por la Junta de la Asociación Provincial del Taxi, APTZ, en su intento por contrarrestar los argumentos de dicho informe. Algunos de esos pasos, como la modernización del sector en todo aquello que suponga una mejor asignación de los insuficientes recursos a la demanda (sistema de gestión de flotas) son aplaudidos unánimemente. Otros, desde luego no tan lícitos, han ido en la línea de seguir falseando datos demográficos oficiales e ignorar la realidad, por todos aceptada, de que el presente de Zaragoza como ciudad es bien distinto del que motivó la última Ordenanza Municipal del Taxi; algo que ya se advertía en el Plan Sectorial del Taxi de noviembre de 2001 en cuya elaboración participó el propio Ayuntamiento y cuyo contenido se pone en la mesa, únicamente, para sostener posiciones que, de modo coyuntural, favorecen a quien lo trae para, a continuación, ignorarlo de manera supina en aquellos apartados que ponen de manifiesto las deficiencias del servicio pese a que con ello salgan perjudicados los destinatarios del mismo: los usuarios. Pero lo que resulta más sangrante es, y esto enlaza con el principio de mi escrito, que algunas actuaciones de la APTZ, totalmente contrarias a la vigente Ordenanza, han contado con el beneplácito del propio Ayuntamiento.
En el citado informe de UGT se aludía al concepto de licencia operativa, denunciando que, por distintas razones, los vecinos de Zaragoza no tenían a su disposición en ningún momento de la semana la proporción establecida en la Ordenanza de 2’5 taxis/1000 habitantes. Una de esas razones (por cierto, la menos importante desde el punto de vista cuantitativo) era la de que cierto número de taxis estaban imposibilitados para prestar servicio por averías. Pues bien, la APTZ, con el ánimo de contrarrestar ese argumento ha habilitado dos o tres vehículos de sustitución provenientes de aquellos que los propios profesionales desechan por su mal estado cuando cambian de coche (¿calidad en el servicio?) y, todo ello contando con el beneplácito de los responsables municipales. Hasta aquí, y siendo generosos, podría decirse que la intención es buena pero el fin no justifica los medios. A la luz de la Ordenanza Municipal del Taxi, la medida es totalmente ilegal puesto que en su artículo 10 prohíbe taxativamente que una licencia preste servicio con más de un vehículo. Textualmente dice así:
“Art. 10. La licencia de autotaxi habilitará para la prestación del servicio con un único vehículo, afecto a la licencia y cuya identificación figurará en la misma.”
Este artículo no ha sido modificado, por tanto está vigente.
El incumplimiento de este mandato representa el incumplimiento de todos los derivados del artículo 10 de la Ordenanza como pueden ser la instalación del taxímetro en un vehículo distinto del afecto a la licencia o, en su caso, la no asignación de una licencia concreta a un taxímetro; el incumplimiento de la identificación del vehículo afecto a la licencia o viceversa, etc. Pero hay cosas más preocupantes: ¿Por qué el Ayuntamiento no ha modificado el artículo 10 para dar cobertura legal a los vehículos de sustitución?¿Representa este hecho algún grado de inseguridad jurídica? o, lo que puede tener repercusiones más graves, si cabe: ¿Podría una compañía de seguros inhibirse del pago de responsabilidad civil cuando el vehículo asegurado incumple la legislación?
Desde luego sí puede afirmarse una cosa: Con parches se admite tácitamente la deficiente oferta del servicio de autotaxi en nuestra ciudad pero, desde luego, no se arregla.
Desde el momento en que se hizo público el Informe de UGT con el que se denuncia la carencia de licencias para prestar el servicio de autotaxi en nuestra ciudad, muchos han sido los pasos dados por la Junta de la Asociación Provincial del Taxi, APTZ, en su intento por contrarrestar los argumentos de dicho informe. Algunos de esos pasos, como la modernización del sector en todo aquello que suponga una mejor asignación de los insuficientes recursos a la demanda (sistema de gestión de flotas) son aplaudidos unánimemente. Otros, desde luego no tan lícitos, han ido en la línea de seguir falseando datos demográficos oficiales e ignorar la realidad, por todos aceptada, de que el presente de Zaragoza como ciudad es bien distinto del que motivó la última Ordenanza Municipal del Taxi; algo que ya se advertía en el Plan Sectorial del Taxi de noviembre de 2001 en cuya elaboración participó el propio Ayuntamiento y cuyo contenido se pone en la mesa, únicamente, para sostener posiciones que, de modo coyuntural, favorecen a quien lo trae para, a continuación, ignorarlo de manera supina en aquellos apartados que ponen de manifiesto las deficiencias del servicio pese a que con ello salgan perjudicados los destinatarios del mismo: los usuarios. Pero lo que resulta más sangrante es, y esto enlaza con el principio de mi escrito, que algunas actuaciones de la APTZ, totalmente contrarias a la vigente Ordenanza, han contado con el beneplácito del propio Ayuntamiento.
En el citado informe de UGT se aludía al concepto de licencia operativa, denunciando que, por distintas razones, los vecinos de Zaragoza no tenían a su disposición en ningún momento de la semana la proporción establecida en la Ordenanza de 2’5 taxis/1000 habitantes. Una de esas razones (por cierto, la menos importante desde el punto de vista cuantitativo) era la de que cierto número de taxis estaban imposibilitados para prestar servicio por averías. Pues bien, la APTZ, con el ánimo de contrarrestar ese argumento ha habilitado dos o tres vehículos de sustitución provenientes de aquellos que los propios profesionales desechan por su mal estado cuando cambian de coche (¿calidad en el servicio?) y, todo ello contando con el beneplácito de los responsables municipales. Hasta aquí, y siendo generosos, podría decirse que la intención es buena pero el fin no justifica los medios. A la luz de la Ordenanza Municipal del Taxi, la medida es totalmente ilegal puesto que en su artículo 10 prohíbe taxativamente que una licencia preste servicio con más de un vehículo. Textualmente dice así:
“Art. 10. La licencia de autotaxi habilitará para la prestación del servicio con un único vehículo, afecto a la licencia y cuya identificación figurará en la misma.”
Este artículo no ha sido modificado, por tanto está vigente.
El incumplimiento de este mandato representa el incumplimiento de todos los derivados del artículo 10 de la Ordenanza como pueden ser la instalación del taxímetro en un vehículo distinto del afecto a la licencia o, en su caso, la no asignación de una licencia concreta a un taxímetro; el incumplimiento de la identificación del vehículo afecto a la licencia o viceversa, etc. Pero hay cosas más preocupantes: ¿Por qué el Ayuntamiento no ha modificado el artículo 10 para dar cobertura legal a los vehículos de sustitución?¿Representa este hecho algún grado de inseguridad jurídica? o, lo que puede tener repercusiones más graves, si cabe: ¿Podría una compañía de seguros inhibirse del pago de responsabilidad civil cuando el vehículo asegurado incumple la legislación?
Desde luego sí puede afirmarse una cosa: Con parches se admite tácitamente la deficiente oferta del servicio de autotaxi en nuestra ciudad pero, desde luego, no se arregla.
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